El CDM felicita a Thomas Pérez, Secretario de Trabajo de Estados Unidos, y a Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Bienestar Social, por empezar a abordar las deficiencias de las disposiciones laborales bajo el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) en el informe público sobre eventos de difusión, publicado el 23 de septiembre. Mientras que el CDM reconoce a los dos gobiernos por las acciones emprendidas en conjunto para informar a los trabajadores sobre sus derechos como un primer paso simbólico, hacemos hincapié en que todavía queda mucho por hacer en términos de implementar protecciones laborales.

El informe detalla varias actividades educativas dirigidas a los trabajadores durante el 2014 y 2015; estos eventos se llevaron a cabo después de la presentación de una serie de peticiones por parte de trabajadores migrantes y defensores de los trabajadores, incluyendo la queja del CDM (MEX 2011-1), en la cual se denunció el fracaso del gobierno EE.UU. por proteger a los trabajadores migrantes contra el reclutamiento y abusos laborales. Si bien el Informe demuestra el reconocimiento del componente educativo de la denuncia del CDM, no toma en cuenta las recomendaciones relativas a la ejecución y rendición de cuentas por parte del gobierno de EE.UU.

El Departamento de Trabajo de EE.UU. actualmente no está cumpliendo con sus responsabilidades de salvaguardar los derechos de los trabajadores de acuerdo con sus obligaciones bajo el ACLAN. Por ejemplo, la agencia debe proporcionar acceso a la justicia a través de litigios y otros mecanismos para garantizar que los derechos salariales y de reembolso a los trabajadores sean respetados; no debe otorgar H-2 certificaciones de visado a los empleadores que no hayan emitido reembolsos a los trabajadores; y debe aumentar las auditorías y visitas a los lugares de trabajo en ciertas industrias.

El programa de divulgación y educación que se describe en este informe fue dirigido estrictamente a trabajadores y por lo tanto pasa por alto el papel esencial que juegan las partes interesadas principales, especialmente el de los organismos gubernamentales, en prevenir y reaccionar a violaciones laborales. Los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal deben desempeñar un papel activo en la protección de los derechos de los trabajadores; y ellos deben rendir cuentas cuando se violan estos derechos.

Enfatizamos la necesidad de que los gobiernos de México y los EE.UU. tomen en cuenta el resto de los puntos en la queja del CDM con el fin de mantener los estándares mínimos laborales y de empleo para los trabajadores migrantes bajo el ACLAN.

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